Más de 100 candidatos implicados en causas judiciales concurren en las listas .
Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se tiran a la cabeza todos los días los casos de corrupción del contrario. Pero ambos -y, en menor medida, otros partidos- llevarán previsiblemente imputados en sus listas el 22 de mayo.
Mientras el PP incluirá a imputados e implicados en algunos de los más graves casos de corrupción -Gürtel y Brugal-, los imputados del PSOE lo son fundamentalmente por casos menores de pequeñas y medianas localidades.
EL PAÍS ha hecho un rastreo de las candidaturas en siete comunidades autónomas -las que reúnen la mayor parte de las corruptelas que investigan los tribunales y que más escándalo han desencadenado-, señalando solo las causas judiciales relacionadas con corrupción, prevaricación urbanística y delitos contra la ordenación del territorio en los que se puede suponer algún tipo de trato de favor o tráfico de influencias.
Si se tienen en cuenta otros delitos, el resultado es que más de 80 candidatos -más del 50% del PP y cerca del 35% del PSOE- están implicados en casos que investiga la justicia. Con todas las comunidades, superan el centenar. Algunos son de gran dimensión, como la red Gürtel; otros tienen que ver con cuestiones aparentemente menores. Pero todos afectan al ejercicio público del poder.
Aunque las listas del PP valenciano fueron confirmadas el pasado viernes con 11 implicados en causas de corrupción, las listas electorales aún no son definitivas, así que esta situación podría cambiar antes de los comicios. En los de 2007, la conclusión fue que el electorado no castiga la corrupción: muchos de los políticos imputados no solo no perdieron votos sino que los ganaron.
COMUNIDAD VALENCIANA Gürtel en pleno
La rama política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana concurre en pleno el 22-M en las listas del PP. La candidatura autonómica la encabezará Francisco Camps, imputado por recibir presuntamente trajes gratis de un empresario -Álvaro Pérez, El Bigotes- al que el Gobierno valenciano adjudicó decenas de contratos a dedo. Mariano Rajoy ha confirmado esta semana que aunque Camps vaya a juicio durante la campaña seguirá siendo el cabeza de lista.
Y con Camps irán otros implicados -no todos imputados- en el caso (en el que se investiga también la presunta financiación ilegal del PP): Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero del Gobierno; Milagrosa Martínez, presidenta del Parlamento regional; el diputado David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. También aspiran a repetir como diputados del PP el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi -señalado por el fiscal en el caso Brugal (trato de favor a un promotor en Alicante)- y Pedro Ángel Hernández, imputado por tráfico de influencias.
A las municipales concurren 11 candidatos del PP implicados en distintas causas; siete de ellos en la provincia de Alicante, escenario del caso Brugal -que salpica al actual presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y a las alcaldesas de Orihuela y Alicante-. Hay también cuatro candidatos del PSOE señalados por la justicia, incluido el cabeza de lista en Benidorm, Agustín Navarro, que fue expulsado del partido por tránsfuga pero ahora vuelve a liderar la candidatura, con la aquiescencia de la dirección federal del PSOE. Navarro está imputado por una querella del PP al quitar una concesión a una empresa por incumplir supuestamente el contrato. Y hay también un ex alcalde del PP que ya no está en el partido.
ANDALUCÍA De mociones de censura y licencias ilegales
Es, con la valenciana, la comunidad con más investigados en las listas: 26 en total -11 del PSOE, nueve del PP, dos de IU y cuatro de otros partidos-. Todos en candidaturas municipales. Solo una capital de provincia: Granada, donde el aspirante socialista a alcalde, Francisco Cuenca, está imputado por cohecho por su presunta participación en una moción de censura en Morelábor. Otros políticos del PSOE y del PP están también bajo la lupa del juzgado por esa moción de censura.
En Quesada (Jaén) concurre un socialista -el actual alcalde, Manuel Vallejo- que no es que esté imputado, es que fue condenado en octubre a seis años de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia, y entretanto se presenta. Y hay, por ejemplo, un pueblo de Granada, Gójar, donde están imputados por delitos contra la ordenación del territorio los dos aspirantes, el del PSOE y el del PP.
De mayor gravedad es el caso de Alhaurín el Grande (Málaga): la fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde, Juan Martín Serón (PP), por cobrar presuntamente de promotores a cambio de licencias urbanísticas. En Córdoba, un imputado en el caso Malaya, el joyero y constructor Rafael Gómez Sandokán, ha creado su propio partido y espera conseguir sillón en el Ayuntamiento.
A IU, las imputaciones le han sorprendido en Sevilla -donde el pasado jueves fue imputado el aspirante a alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso Mercasevilla- y en Manilva (Málaga). Allí, el Ayuntamiento, que es la principal empresa del pueblo, ha contratado a los 17 miembros de la lista de IU y a 57 familiares de estos; incluidos presuntamente varios familiares de la propia alcaldesa, Antonia Muñoz (IU), que está imputada.
MADRID Sin rastro de la red
El PP madrileño ha sacado de sus listas a todos los implicados en el caso Gürtel, que en esta legislatura habían sido alcaldes o diputados (todos dimitieron a raíz del escándalo). Y el PSOE no llevará en su candidatura a Trinidad Rollán, número dos de Tomás Gómez y condenada por prevaricación. Pero, al margen de esos dos casos sonados, hay otros que sí se han colado en las listas municipales. El PP de Esperanza Aguirre lleva a seis candidatos a alcalde imputados: en Coslada, Pinto, Guadarrama, Las Rozas, Torres de la Alameda y Alcobendas (estos dos últimos candidatos son, además, los actuales alcaldes). Juntos suman una población de 350.000 habitantes.
En Getafe, el segundo municipio en población de Madrid, el PSOE lleva de número seis a Cristina González, concejal de Obras e imputada por prevaricación.
GALICIA Comisiones ilegales en la Costa da Morte
Tres alcaldes -que aspiran a la reelección- en la provincia de A Coruña están imputados por cobrar presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos en la Costa da Morte: son los regidores de Fisterra, José Manuel Traba (PP); Mazaricos, José Manuel Santos (PP) y Cee, Ramón Vigo (independiente). Al ex alcalde de Ares y candidato del PP allí, José Manuel Cendán, el juez le imputa un delito electoral por inflar presuntamente el censo para las elecciones de 2003. Y también en A Coruña está imputado por prevaricación el alcalde y candidato del PP en O Pino, Manuel Taboada, que autorizó un polígono industrial paralizado por la Xunta.
En Pontevedra hay un alcalde del PSOE imputado que también repite: el de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, acusado de desobediencia por no derribar un edificio ilegal. Otro regidor de la provincia, el de Bayona, Jesús Vázquez (PP), que concurre a los comicios, está imputado por prevaricación.
El regidor de Castro de Rei (Lugo), el socialista Juan José Díaz Valiño, está imputado por supuesto trato de favor en la adjudicación de obras. Y en Barreiros (Lugo) el fiscal sostiene que Alfonso Puente, alcalde y candidato del PP, cometió prevaricación al conceder las licencias para 3.000 pisos con los informes técnicos negativos.
BALEARES El PP después de Matas hace limpieza total
Cuando el ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) dejó la política en 2007 y se fue a EE UU a trabajar para la empresa privada, dejó en las islas un reguero de causas judiciales por presunta corrupción que le afectan a él -está imputado por siete delitos- y a otros 40 ex cargos populares. Ninguno va ya en las listas electorales este año.
El PSOE sí lleva en sus candidaturas a dos imputados: el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés -secretario general de los socialistas ibicencos- está imputado en el caso Ibiza Centre (el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del proyecto de remodelación del centro de la ciudad). Por el mismo caso está imputado el alcalde de Sant Josep, Josep Mari Agustinet, que fue gerente de la empresa pública Itusa.
CANARIAS La corrupción urbanística atasca los juzgados
Solo en 2010, un total de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Canarias. Y las imputaciones políticas son de todo signo.
En Tenerife, el actual alcalde de Arona y candidato por Coalición Canaria, José Alberto González Reverón, está imputado por la presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra. También por prevaricación y por atentar contra el medio ambiente está imputado el candidato socialista en Icod de los Vinos, Juan José Dorta, quien presuntamente concedió licencias a varias empresas de extracción de áridos y desguaces de vehículos en la zona costera de El Riquel, protegida por su valor medioambiental. Y, en el municipio de El Rosario, el cabeza de lista del PSOE y actual alcalde, Macario Benítez, fue imputado tras aprobar el Plan Parcial de Varadero, también zona protegida.
Gran Canaria no es ajena a las candidaturas bajo sospecha. María del Carmen Castellano (PP), implicada en el caso Faycán, se presenta a la alcaldía de Telde. Igual que Francisco González (PP), imputado por prevaricación en el caso Góndola y cabeza de lista en Mogán.
CATALUÑA Pocos imputados
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, Ferran Falcó (CiU), está imputado por presunta malversación de fondos públicos durante su etapa como presidente de la empresa pública Adigsa, bajo gobierno de Jordi Pujol. Un juzgado investiga un presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obras. Falcó volverá a ser candidato a la alcaldía de Badalona por CiU.
Miguel Uroz, alcalde de Querol, un pueblo de 570 habitantes de Tarragona, volverá a encabezar como independiente la lista del PSC en la localidad pese a estar imputado en caso de corrupción urbanística, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El caso se remonta al 2003 y se centra en la revalorización de un terreno en el que se construía una urbanización: la finca, que se compró por 66.632 euros, acabó revendida mientras se aprobaban los planes de ordenación urbanística por 3,8 millones. Uroz era en ese momento concejal de Urbanismo y espera ahora conseguir mayoría absoluta en estos comicios. En los anteriores obtuvo el 43% de los votos.
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